Por otra parte dijo: “Hemos podido plantear la ilegitimidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia como herramienta para modificar una ley de comunicación que fue debatida y consensuada por todos los poderes de la Argentina, sólo resistida por el poder concentrado de la comunicación que hoy vuelve a encontrar privilegios. Hemos dejado en claro cómo estos DNU, que no respetan los lineamientos del sistema interamericano de derechos humanos, son un retroceso en materia de libertad de expresión, no sólo para la Argentina, sino para toda la región”.
En referencia a la recepción de la CIDH de lo descripto por la Defensoría aclaró: “la preocupación en la CIDH es evidente ante el aumento de concentración comunicacional que pueden significar las medidas tomadas por el gobierno argentino, sobre todo porque desde la propia comisión se ha dicho que la concentración comunicacional conspira contra las democracias”.
Ottaviano agradeció a la CIDH la reunión de la que también participó la directora de Protección de Derechos de la Defensoría, la Dra. María José Guembe y dijo: “Que nos hayan recibido hoy, luego del pedido de reunión urgente motivado por los cientos de reclamos de sectores universitarios, sindicales, campesinos, pueblos originarios, de la Argentina y América Latina; la buena recepción de la documentación que aportamos y la preocupación por los cambios negativos en materia de libertad de expresión hechos por el gobierno argentino, es una muy buena señal respecto del pedido de audiencia, realizado por la Defensoría y otras organizaciones de la sociedad civil”.
Al solicitar una audiencia, la Defensora manifestó su intención de transmitir la preocupación de diversas organizaciones universitarias de la Argentina y Latinoamérica, campesinas e indígenas, cooperativas de trabajo, periodistas con visión de género, asociaciones de periodistas y especialistas en comunicación; a los que se sumaron la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), el Sindicato de Prensa de Rosario, programas universitarios, carreras de comunicación, centros de estudio y entidades especializadas en comunicación, entre otros, ante “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”, remarcó Ottaviano.
Leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”, subrayó Ottaviano.
La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría a la OEA tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”, tal como indica el pedido realizado.
El Relator, Edison Lanza, ya había expresado su disconformidad con lo sucedido en la Argentina al asegurar que “no aprobamos intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por medio de un decreto”.
"Los anuncios que van en el sentido de intervenir justamente cuando cambia el Gobierno para hacerlo a imagen y semejanza de quien gana quiere decir que se acabó la autonomía, que se vuelve al momento en que los gobiernos manejaban la oficina", afirmó Lanza al periódico Buenos Aires Herald en relación con los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que dispusieron la intervención de la AFSCA y la remoción de su Directorio.
Fuente: Defensoría del Público
