La normativa uruguaya establece que se pueden realizar grabaciones aéreas pero siempre que se hagan previa inscripción en el registro correspondiente, algo que El Telégrafo, según la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de Uruguay (Dinacia), en una resolución divulgada ayer, no realizó.
En concreto, la Junta de Infracciones de este organismo recomienda en su resolución que el diario tome conocimiento que para evitar futuras sanciones deberá efectuar el registro para poder realizar tomas con aparatos fotográficos y filmadores.
También establece que en el caso de comercializar con el material fotográfico recopilado tendrá que cumplir con la normativa específica, aunque en este caso la autoridad aeronáutica no pudo afirmar "con certeza" que con la grabación a Alur se haya obtenido un beneficio.
El director de El Telégrafo, Alberto Baccaro, señaló hoy, en declaraciones a Efe, que el permiso que la Dinacia otorga, con base en un decreto de 1994, es anual y que una vez obtenido, entre otros aspectos, se ha de avisar con cinco días de anticipación sobre cada plan de vuelo en el que se realizarán fotografías.
"Lo cual para la prensa es imposible de cumplir. No puede cumplir con la inmediatez que requiere el periodismo", añadió el director de la publicación, quien afirmó que se trata de algo "anacrónico" y que recurrirá la resolución.
"Hoy la fotografía aérea no solo se hace con drones. Es una reglamentación traída de los pelos. Claramente se buscó la forma de sancionar a El Telégrafo por mostrar lo que no querían que saliera", matizó.
El diario, decano de los periódicos de Uruguay, publicó el pasado 20 de junio con base en "fuentes fidedignas" que se había producido un derrumbe días antes en una nave de Alur en su planta de Nuevo Paysandú, inaugurada en 2014.
"Al no haber informe oficial del siniestro, se decidió realizar un vuelo sobre el lugar, con un dron de la empresa, con el cual ya se han hecho varios trabajos periodísticos durante más de un año desde que fuera adquirido", explicó la publicación en su página web.
Fue así que la Dinacia, dependiente del Ministerio de Defensa, inició una investigación tras recibir una queja por parte de Alur, que se dedica a la producción de biodiésel, bioetanol, alimento animal, energía y azúcar y está conformada en un 94 % por el Grupo Ancap, empresa estatal de hidrocarburos de Uruguay, y 6 % por Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El diario asegura que no pidió autorización para sobrevolar y grabar con el dron porque según la reglamentación, dispositivos de hasta 25 kilos de peso de lanzamiento (este pesa 1,5 kilos) no requieren de ningún permiso.
En un comunicado, Alur negó en septiembre haber denunciado al diario, pero sí señaló que en esa planta se maneja combustible y que si bien hay determinados derechos de los medios de comunicación a informar, también la empresa tiene "no solo el derecho, sino la obligación, de velar por la seguridad industrial".
En la resolución de la sanción de apercibimiento divulgada hoy se detalla que el expediente surgió a partir de la denuncia realizada por Alur.
En su momento, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami (EE. UU.), consideró que el diario informó de asuntos de interés público y que utilizó una "legítima y nueva herramienta de trabajo".
Fuente: EFE
