Por: Gabriel Ziblat
Los propios balances que el Grupo Telefónica presenta todos los años en España muestran que no sólo Telefe y Telefónica Argentina son parte del mismo grupo, sino que también tienen vinculación entre sí, algo que desde la empresa siempre negaron. La AFSCA, por su parte, nunca hizo referencia al respecto y pateó la pelota para más adelante. Cuando presentó el listado de empresas que incumplían con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo incluyó a Telefe, pero solamente por exceder el límite de 35% de la población que alcanza con sus nueve canales. En la última conferencia de prensa, Martín Sabbatella dejó en evidencia un cambio en esa interpretación. Consultado sobre la situación reconoció que no se trataba de un problema de multiplicidad, sino de incompatibilidades. Pero aclaró que estaba en estudio. Instantes después, fuentes de la AFSCA anticipaban que el expediente “se va a tratar”, aunque no anticiparon ni cuándo ni con qué resolución. En mayo último, el propio Sabbatella había declarado que en la siguiente reunión de directorio se iba a debatir el caso. Hasta ahora no hubo novedades.
Todos los años, el Grupo Telefónica presenta un informe de auditoría sobre la empresa y “sociedades dependientes”. Allí hay un anexo con el listado de las principales sociedades del grupo en el mundo, incluyendo la participación que tiene y “la sociedad o sociedades a través de las cuales se obtiene la participación del grupo”. Una de esas sociedades es Telefónica Holding de Argentina SA, que está detrás tanto de la empresa que presta servicios telefónicos y del canal con mayor audiencia del país. Televisión Federal SA (Telefe) es controlada por dos firmas: Atlántida Comunicaciones (79,02%) y Enfisur (20,98%). Atlántida Comunicaciones, a su vez, es controlada por otras dos firmas: Telefónica Media Argentina (93%) y Telefónica Holding de Argentina (7%).
En el caso de Telefónica de Argentina SA, la sociedad tenedora mayoritaria es Compañía Internacional de Telecomunicaciones (51,49%). El resto pertenece a otras cuatro empresas del grupo. Compañía Internacional de Telecomunicaciones, a su vez, tiene entre sus controlantes a Telefónica Holding de Argentina (47,22%).
Los vínculos no son sólo entre sociedades (todas del Grupo Telefónica, por si hubiera dudas), sino también entre ejecutivos. Luis Blasco, su presidente, se presenta en su perfil de la red social Linkedin como presidente de Telefónica de Argentina SA, pero también como “representante del accionista” en Telefe. La Ley 26.522 establece que los titulares o accionistas con más de un 10% de una empresa de servicio público, como Telefónica, no podrán tener una licencia de comunicación audiovisual, como Telefe. Se cumplieron cinco años, y la AFSCA todavía no se pronunció al respecto.
El mercado duda sobre posible venta de Cablevisión
Por: Lucas Morando
La semana pasada, el titular del organismo que debería hacer cumplir la Ley de Medios (AFSCA), Martín Sabbatella, aseveró públicamente que “cuanto antes” podría poner a la venta los activos de Cablevisión, empresa que representa el 70% de la facturación de todo el Grupo Clarín.
Independientemente de los posibles frenos en la Justicia que presente el conglomerado, varios empresarios consultados coinciden en que es “casi imposible” conseguir los capitales para comprar el 60% de las acciones que le pertenecen a Clarín.
Se calcula que todos los activos de la empresa valdrían unos US$ 5 mil millones. Un empresario sintetiza la dificultad: “Sentando a los empresarios más importantes, el Gobierno no pudo conseguir US$ 1.500 millones para salvar a la patria de los buitres y pagar la deuda, menos va a poder conseguir un comprador para Cablevisión”, ilustra un empresario que conoce por dentro el sector de las telecomunicaciones.
Por otro lado, la Ley de Medios adhiere a convenios de reciprocidad de inversiones que impiden que los fondos para comprar una empresa como Cablevisión lleguen de países que no sean Estados Unidos o España. El caso de Telefónica ayuda a entender el problema. Hace tiempo que busca un comprador para Telefe, poco rentable según los estándares de las empresas de telefonía. A un empresario que ofreció quedarse con el canal a principio de año le pidieron sin temblar US$ 400 millones. No pagaría ni la mitad, menos en un escenario recesivo. Conseguir miles de millones para Cablevisión es casi una tarea imposible. Un funcionario explica que empresarios como George Soros (se reunió con Cristina hace poco) o Carlos Slim, podrían ser compradores.
El problema llegó luego del “fracaso” de David Martínez. El Gobierno esperaba que el mexicano (ya tiene el 40% de Cablevisión) compre la otra parte de Clarín y esperaba también, que ayude a negociar la deuda con algunos buitres. Ambos escenarios fracasaron. Por eso, Martínez, sigue esperando en despachos oficiales que el Gobierno le apruebe la compra de Telecom.
Abogados del Grupo ya se preparan para ir a Tribunales
Los abogados del Grupo Clarín convocaron a una reunión de emergencia cuando esta semana transcendió que el Gobierno “adecuaría de oficio” sus activos, es decir, vendería con las reglas del oficialismo las empresas del Grupo
La estrategia es múltiple, pero podría sintetizarse en tres decisiones, que se relacionan con tres recorridos legales. El primero es que desencadenarán una batalla administrativa, tratando de dilatar cada uno de los pasos para vender sus empresas, que considera el Reglamento de Transferencia de Oficio, contemplado en la Resolución 2206 de la AFSCA. Esperando, claro, que todo se dilate hasta mediados de 2015, cuando ya existan indicios concretos sobre quién gobernará por los próximos cuatro años.
El segundo camino legal, que se cristalizaría en los próximos días hábiles –posiblemente esta semana–, es una presentación en el fuero contencioso administrativo. Será una nueva medida cautelar –un freno en la Justicia– para blindar a la empresa del intento del Gobierno de avanzar sobre sus activos. El camino final podría ser, nuevamente, la Corte Suprema.
El tercero, todavía en estudio y de corte más simbólico que legal, es una presentación ante organismos internacionales para denunciar “el avance” del Gobierno sobre la empresa. Se escuchó en algunas reuniones de abogados que irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. “La Justicia hoy no funciona de la misma manera que en 2012, ya dejó de ser tan kirchnerista”, ilustran algunos de los que estuvieron presentes en esas reuniones.
Además, los que tejen la estrategia legal del multimedios se divierten con una metáfora sobre el plan de adecuación del Grupo. Recuerdan que cuando Néstor Kirchner no tenía reelección, eligió a su mujer, Cristina Kirchner, como candidata. Ganó las elecciones y el Gobierno mantuvo casi todos los mismo ministros, secretarios y directores del Poder Ejecutivo. “Si ellos se burlaron de la Constitución y no cambiaron nada salvo de candidata para seguir en el poder, por qué nosotros no podemos usar los mismos dueños para nuestras empresas”, ilustraron.
Una de las claves de las futuras presentaciones podría relacionarse con el principio de Periculum in mora o peligro en la demora. Bajo ese argumento, el multimedios podría congelar en los próximos días el intento del Gobierno de obligarlo a vender las unidades más rentables y lograr ganar tiempo hasta el 10 de diciembre de 2015.
AFSCA: Criminalidad Económica investigará la adecuación de Clarín
El titular de la autoridad federal, Martín Sabbatella, brindó los papeles al fiscal Carlos Gonella para ver si el Grupo Clarín cometió algún delito
Martín Sabbatella, titular de la AFSCA, entregó hoy al fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la documentación del Grupo Clarín para que “decida si hay algo que investigar”, sobre si existe algún delito en la adecucación a la Ley de Medios.
Gonella ahora evaluará los papeles presentados por la autoridad fiscal para determinar se cometió alguna irregularidad en la adecuación a la Ley de Medios.
El miércoles pasado, Sabbatella hizo público que habían detectado "maniobras" por parte de los accionistas de Clarín, hecho que derivó en la adecuación de oficio del multimedio.
A su vez, según comunicó el titular de la AFSCA esta tarde, el propio Clarín “confirma” la denuncia presentada por la entidad contra el grupo empresario.
“Por si alguien tenía dudas sobre nuestra denuncia de la existencia de sociedades en las que se cruzan integrantes de las unidades 1 y 2 propuestas por el Grupo Clarín, esta mañana la propia empresa confirma la información en su principal diario”, afirmó y aseguró que la intención del multimedio era "hacer trampa".
"Le presentamos la documentación al fiscal Gonella, como se la vamos a presentar al titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) José Sbatella, a la AFIP y a la Comisión Nacional de Valores (CNV). No nos corresponde a nosotros decidir, pero le entregamos los documentos para que decidan si hay algo que investigar", afirmó Sabatella según indica DyN.
Cómo será la batalla judicial y administrativa Clarín vs. Gobierno
Los abogados del Grupo ya tomaron cartas en el asunto y confían en contrarrestar el avance de Sabbatella. Los especialistas niegan que pueda haber otra cautelar
El titular del organismo, Martín Sabbatella, explicó que "ahora el Estado tasará los medios y concursará a las empresas de Clarín y las adjudicará por licitación" hasta adecuar a la compañía con la ley, sin precisiones sobre el mecanismo.
"La diferencia es que cuando la adecuación es voluntaria, los propietarios eligen a quien le venden o transfieren. Cuando es de oficio, lo hace el Estado por concurso. El titular de las empresas ahora tiene que garantizar el servicio y las fuentes de trabajo", remató.
La Judicialización de esta decisión, será impulsada por los abogados asesores de la empresa afectada aunque varios juristas consultados “dudan” que la justicia convalide esta vez, la posición del Grupo a través de una “medida cautelar”.
“Estas podrían ser las consecuencias no deseadas del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial y declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios respecto del Grupo Clarín”, explica Athos Aguiar, especialista en derecho empresario.
“A partir del fallo de la Corte, los planteos de la empresa para frenar los efectos de la decisión del AFSCA requerirán un mayor esfuerzo, en la medida en que, declarada la constitucionalidad de la ley, y por ello, la obligación de adecuación, el ámbito de debate, quedará reducido a la arbitrariedad de la resolución del directorio y no a la ilegalidad de la misma”, sentencia el abogado.
“Clarín deberá demostrar un obrar arbitrario por parte del órgano presidido por Martín Sabatella, y justificar que a través de la decisión se ha incurrido en desviación de poder, violando los límites de razonabilidad y buena fe, que rigen la actuación administrativa con notas de discrecionalidad”, afirma el especialista.
“La Corte que en su momento consideró no afectada la libertad de expresión, y negó al Grupo Clarín derechos adquiridos, lejos de poner fin al conflicto abrió una nueva instancia en la puja de poder entre el Gobierno y la empresa”, insiste el jurista.
Fotos: AFSCA, Perfil
Fuente: Diario Perfil
