Hace 27 años, cuando estudiaba periodismo, empecé a interesarme por la relación de los gobiernos con la prensa, con los medios de comunicación. Dicha relación es, por su propia naturaleza, difícil, tensa, porque su rol es, justamente, controlar, investigar a los gobernantes. Los beneficios que hoy la sociedad, los ciudadanos, deberíamos tener es la posibilidad de acceder a mucha más información, tanto política como cultural, a más entretenimiento, de producción local nacional, regional e internacional.
Mientras el gobierno creyó conveniente la consolidación del Grupo Clarín y de otros medios, porque eran funcionales a su estrategia partidaria y a su proyecto de gobierno, tomó la decisión política de incumplir la ley de radiodifusión, la de defensa de la competencia y la ley de bienes culturales. Renovó las licencias sin fiscalización alguna y, además, las extendió por otros diez años adicionales: o sea, veinte años más. Permitió la fusión de Multicanal y CableVisión con un decreto firmado por el Presidente Kirchner, avalado por la Comisión de Defensa de la Competencia.Desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003 -y esto ha continuado en el mandato de Cristina Kirchner-, ningún gobernante como ellos ha mostrado tanto desdén por la prensa independiente y profesional. Su único objetivo ha sido deslegitimarla, cooptarla o desmembrarla. Y ¿cuál ha sido el mecanismo de esa deslegitimación? No acceder a entrevistas con la prensa y no permitir que sus ministros ni sus funcionarios accedan libremente a requisitos de la prensa como si fuera algo normal; y, en realidad, nosotros -como servidores públicos- estamos obligados a rendir cuentas ante la prensa. No es algo que podamos elegir. En todas las democracias serias la prensa entrevista normalmente, con cuestionario libre, a Presidentes, Ministros, funcionarios.
Una sociedad que congela la dinámica del libre acceso a la información se cancela como sociedad democrática. Años de autoritarismo y emergencias económicas han impedido generar un consenso cívico y político en torno a lo que sustenta al sistema democrático: el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, ideas y opiniones de toda índole, sin consideración de fronteras, como establecen nuestra Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La naturalización de fenómenos que son claramente antidemocráticos, tales como que los gobernantes sigan confundiendo prensa con propaganda, medios públicos con medios de gobierno y eludan la obligación de brindar acceso pleno a la información pública, advierte que todavía nos resta construir una cultura democrática compartida por todos.
Nada mide mejor el desarrollo democrático de una sociedad que la calidad del debate público.
Por eso, a tres años de aprobada la norma que prometía democratizar el sistema de medios audiovisuales, es necesario que nos interroguemos sobre los avances y retrocesos en materia de las libertades que toda ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe garantizar: la información como derecho.
Ni mercancía ni propaganda, derecho.
Y por eso, junto con las Senadoras Montero y Morandini, invito a todos a participar, el próximo jueves 16 de agosto -entre las 12,00 hs. y las 17,30 hs.-, a la Audiencia sobre Evaluación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a 3 años de su sanción.
El encuentro tendrá lugar en el Salón Azul del Palacio Legislativo, sito en Hipólito Yrigoyen 1849, 1er. piso.
Mucho les agradeceré que informen su participación a los teléfonos 011 - 4010-3168/5875/3379 o que remitan un correo electrónico a audiencialsca@gmail.com
María Eugenia Estenssoro
