A esta altura del proceso judicial -que lleva siete meses- son muchos los actores que piensan que Cablevisión, que monopoliza el negocio en la ciudad, avanzó con la nueva red, pese a la prohibición oficial, a sabiendas que así condicionaría la opinión de los jueces y de la propia sociedad santarroseña. ¿Los ministros del STJ, Víctor Menéndez y Tomás Mustapich se animarán a firmar la habilitación para que miles de personas queden sin el cable? "Es una decisión difícil, muy difícil", se escuchó ayer en un alto despacho tribunalicio.
Cuando Cablevisión recurrió a fines de abril al STJ con una recurso contencioso-administrativo y la medida cautelar contra la disposición municipal que ordenó el "cese inmediato" de las tareas de cableado (ver aparte), trascendió que habría un pronunciamiento rápido; aunque los plazos se extendieron porque el tribunal abrió la causa a prueba. Ello motivó que cada una de las partes incorporara documentación, y que los dos jueces ordenaran una pericia que puede ser clave para la resolución de la cautelar (la cuestión de fondo, el otro recurso, se definirá en una fecha incierta).
En este contexto, quienes piensan que se habría tratado de una estrategia deliberada, aducen que la empresa privada desconoció las disposiciones comunales, continuó con el nuevo cableado y eliminó el viejo, como una forma de presión y de asegurarse la continuidad del servicio ante un eventual fallo adverso.
Pruebas clave
Desde el punto de vista de la documentación, quizá la prueba más significativa sea una resolución de la Sala 3 de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en la causa caratulada "Multicanal S.S. y otros incidente cautelar c/Comisión Nacional de Defensa de la Competencia decreto 527/05", del 23 de octubre pasado, concediéndole un recurso extraordinario al Grupo Clarín contra la resolución que dictó ese mismo tribunal, y por la cual revocó una medida cautelar que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 2 le había otorgado a Multicanal. El juez Esteban Furnari había ordenado la suspensión de las resoluciones 577/09 del Comité Federal de Radiodifusión y 106/09 de la CNDC.
Por la primera, el Comfer denegó la "fusión por absorción" de Cablevisión con Multicanal (y también con Pampa TV) y le exigió a Cablevisión que eleve en 30 días la nómina de licenciatarias con las que pretende quedarse y que en 60 presente un plan de adecuación al régimen de multiplicidad de licencias. Por la segunda se había designado a un grupo de abogados y economistas para que auditaran a la empresa para que "no remueva o reemplace activos físicos ni jurídicos". Los camaristas Carlos Manuel Grecco y Jorge Esteban Argento fueron quienes revocaron esa medida.
En la causa existen posturas encontradas. La actora considera que, más allá de la revocatoria, con la concesión del recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema, la resolución 577 no tiene vigencia; la Municipalidad, en cambio, cree lo contrario, al menos hasta que no haya una opinión de la Corte en contrario.
Desde lo técnico, lo más trascendente es el peritaje sobre el cableado para determinar la existencia o no de la red vieja (coaxil) y las consecuencias de la eventual desconexión de los usuarios de la nueva red de fibra óptica. Una fuente muy calificada afirmó que la conclusión del peritaje es que "hay una sola red" porque "los cables salen de un solo lugar".
La fuente agregó un dato esencial que también figura en las conclusiones de ese trabajo: si la comuna procediera a 'bajar' las conexiones nuevas, se quedarían sin el servicio de televisión los usuarios comprendidos entre las vías del ferrocarril (al norte), la calle Churrinche (al oeste), el Tiro Federal (al este) y un punto indeterminado al sur. En su momento, la Cooperativa Popular de Electricidad -que con la nueva Ley de Medios entrará al mercado del cable- había afirmado que el nuevo cableado abarca alrededor de 200 manzanas.
"Son alrededor de seis zonas sobre nueve o diez en que está dividida la ciudad", indicó una fuente oficial, quien se mostró convencida de que Cablevisión hará lo posible por dejar a la mayor cantidad de clientes sin el cable "por más que bajemos las conexiones de una sola cuadra".
Una reunión secreta
Entre las movidas de último momento, ayer hubo una reunión muy reservada entre autoridades municipales y dos abogados de Cablevisión, llegados especialmente desde Buenos Aires. Aunque en un primer momento voceros oficiosos trataron de restarle importancia a ella, por la noche pudo confirmarse que no fue una simple charla sobre el estado procesal de la medida cautelar.
En ese encuentro hermético hubo un ofrecimiento informal de los abogados hacia el municipio para llegar a un acuerdo y "evitar la resolución de la justicia", admitió una fuente a prueba de desmentidas, y agregó que la comuna rechazó un arreglo porque "no hay nada que acordar". En el municipio están firmes ya que consideran que fue Cablevisión quien ingresó en la ilegalidad al desconocer el cese inmediato del tendido dispuesto hace casi un año.
Esta no es la primera vez que los abogados de ambas partes se ven las caras. Hace un tiempo el STJ convocó a una audiencia. Sobre ella trascendieron dos versiones. Una dice que la Municipalidad y Cablevisión tuvieron que dar explicaciones sobre párrafos incluidos en algunos escritos presentados en la medida cautelar. Otra indica que los jueces intentaron rastrear por esa vía si existía alguna posibilidad de arreglo. En lo que coincidieron las dos versiones fue en que no se trató de una audiencia de conciliación.
¿Servicio esencial?
Menéndez y Mustapich -que la semana pasada concurrió a unas jornadas a Mar del Plata- habían avanzado para pronunciarse sobre la cautelar esta semana, ya que la anterior concluyó el período de pruebas luego de la entrega de los alegatos. ¿Qué pasó? El abogado Gil pidió primero que se revocara el auto fijando los alegatos y luego solicitó la incorporación de una prueba nueva, el recurso de amparo del presidente de All Boys, Eduardo Leones (ver aparte). Además planteó una nulidad y requirió que se suspendan los plazos del expediente mientras todo ello se resuelve. En el STJ consideran que la finalización del período de pruebas y la resolución fijando los alegatos son actos irrecurribles, y siguen pensando que la próxima semana habrá una definición.
Para ello hay que tener en cuenta que la medida cautelar requiere de tres exigencias, pero hay una que podría tener especial incidencia en el caso: el interés público del tema y los eventuales daños al usuario. En este punto reaparece la hipótesis de que Cablevisión sabía de antemano que podría condicionar el pronunciamiento judicial. Desde ese punto de vista podría pensarse que el STJ se inclinaría por no innovar y dejar la prestación del servicio como está hoy hasta que defina la cuestión de fondo.
Sin embargo, una voz autorizada advirtió: "No sé si es tan así. La televisión por cable es un servicio importante, pero no esencial como la educación o la salud. Aunque obviamente se trata de una decisión difícil, muy difícil". Frente a ello cabría preguntarse: ¿Cablevisión no debería bajar el tendido de la fibra óptica y volver a subir el coaxil para retrotraer la situación al estado anterior y evitar que el cableado ilegal termine siendo legalizado?
El amparo de Leones, al STJ
El recurso de amparo que el presidente de All Boys, Eduardo Leones, presentó en la justicia federal para que no se le corte el servicio de televisión por cable, llegó al Superior Tribunal de Justicia. La presentación fue realizada el miércoles por el reconocido constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez, quien detalló que el médico -como un ciudadano común- pidió ser "un tercero independiente para que se le garanticen sus derechos como usuario y el mercado le ofrezca una oferta amplia para poder elegir".
En un primer momento el amparo ingresó el 19 de agosto en la justicia provincial, pero una jueza civil dijo que no era competente. De allí pasó al juez federal Pedro Zabala, quien se declaró competente, pero aún no respondió a un pedido del usuario para que convoque a una audiencia tripartita.
El recurso, que se basa en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor, es contra la Municipalidad y Cablevisión, detalló Gil Domínguez. Este también requirió al STJ la convocatoria a una audiencia. Su argumento es que "se tiene que escuchar la voz de los usuarios porque sino volveríamos a antes de la reforma constitucional de 1994", cuando la Carta Magna no hablaba tan claramente de los derechos de los consumidores.
El abogado local de Cablevisión, Javier Gil, que a su vez es vicepresidente segundo de All Boys, solicitó que el amparo de Leones sea incorporado como prueba en la medida cautelar que se tramita en el STJ.
Fuente: Diario La Arena
