Una iniciativa presentada en el Congreso pretende regular el “dinero en negro” de los clubes. Para ello, todas las entidades deportivas beneficiadas por el programa “Fútbol para Todos” deberían difundir todas sus contrataciones. Asimismo, se responsabiliza a los dirigentes que “causaren a la asociación que dirigen” y se establece como regla general la licitación o concurso público para las contrataciones
Un proyecto de ley busca regular el dinero en negro de las entidades deportivas, sobre todo de los clubes de fútbol. Todo ello en el marco del programa “Fútbol para Todos” ya que, según dice entre sus fundamentos, “el Estado Nacional ha dispuesto una intervención de fomento en un aspecto fundamental del negocio del fútbol profesional a partir de implementación del Programa”.
El proyecto, presentado por el diputado radical Rubén Lanceta, prevé la creación de un “Régimen de contratación de clubes con futbol profesional alcanzados por el programa Fútbol para Todos” que incluye “la compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente; y las obras de infraestructura y/o las concesiones de las mismas”.
Para lograr eso, las entidades deportivas incluidas en dicho programa deberían cumplir con “la cláusula de transparencia”, esto es, “la publicidad” y “difusión” de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen. Privilegiando, en este sentido, “la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de los asociados a la información relativa a la gestión de las entidades sin fines de lucro alcanzadas por la presente norma”.
Asimismo, otro artículo de la iniciativa establece sobre los dirigentes la responsabilidad sobre sus acciones. “Los dirigentes que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren a la asociación que dirigen con motivo de las mismas”, menciona la propuesta.
En otro orden de cosas, se establece el “control contractual”. Esto es, que toda persona que acredite un “interés legitimo” podrá tomar vista de la documentación referida a las contrataciones. Aunque deja fuera la etapa de evaluación de las ofertas.
También, se plantean los distintos procedimientos de selección tales como la licitación pública o concurso público; la subasta pública; los concursos abreviados o las contrataciones directas.
El proyecto fue ingresado en las comisiones de Deportes, Legislación General y Comunicaciones e Informática. En 2008, el ex diputado Carlos Raimundi, presentó un proyecto similar que no prosperó.
Fuente: Diario Judicial
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