“Es menester que quien informa goce de entera libertad (…) Lo esencial es formar opinión con valor y coraje para decir todo lo que haya que decir, sin callar nada y sin faltar a la verdad. Pero a veces es indispensable callar y mantener un prudente silencio, cuando está en juego el bienestar común”. La frase, un epitafio para la mentada libertad de prensa que pregonan los grandes medios nacionales, fue pronunciada por el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla, al dejar inaugurada en la localidad bonaerense de San Pedro la planta de Papel Prensa. La fecha de ese acontecimiento es significativa: 26 de septiembre de 1978, a solo tres meses de la finalización del campeonato mundial de fútbol. Y es incriminatoria la presencia de los capitostes de los principales medios gráficos del país. Ese día acompañaron y aplaudieron a Videla la señora Ernestina Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. Nada menos que Clarín, La Nación y La Razón.
Igual de oscura fue la forma en que los tres diarios llegaron a manejar la empresa, expropiada al grupo Graiver por la dictadura militar y entregada a manos privadas con una serie de prerrogativas otorgadas a cambio de la firma estampada al pie del epitafio grabado a fuego sobre la tumba de la libertad de prensa. Los nuevos dueños de Papel Prensa pagaron ocho millones de dólares por una empresa que estaba valuada en el orden de los 250 millones, como lo confirmó una investigación realizada a partir de 1986 por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
El ex fiscal Ricardo Molinas le confió a quien escribe la nota que, por irrisoria, la suma no fue aceptada nunca por los herederos de David Graiver, que había sido dado por muerto en un sospechoso accidente de aviación ocurrido el 7 de agosto de 1976. Eso significó que por más de diez años los tres mosqueteros del periodismo autóctono explotaran prácticamente de regalo (los ocho millones quedaron depositados en un banco sin que nadie los moviera de allí) un negocio fabuloso que les permitió, además, monopolizar el control del papel para diarios y despanzurrar a las pequeñas y medianas empresas.
“…puede afirmarse que Papel Prensa fue un regalo del pueblo argentino a sus actuales propietarios, los diarios Clarín, La Nación y La Razón”, decía con razón una nota publicada en la revista Humor, en la primera quincena de mayo de 1988. En el muy detallado informe producido por la Fiscalía, que tenía 122 carillas y que fue reducido a menos de un cuarto de página por el diario Clarín en su edición del 4 de marzo de 1988, quedaron en claro todas las irregularidades ocurridas en torno de Papel Prensa. Entre los privilegios concedidos a la empresa figuran:
- La exención y reducción de impuestos a los réditos. Durante cuatro años fue del cien por ciento. Luego, por seis años más, fue del 85 por ciento al diez por ciento.
- La exención por diez años del impuesto a los sellos y del impuesto a las ventas.
- La exención del pago de los derechos de importación de maquinarias, equipos y repuestos.
- La exención por diez años de los derechos de importación de pasta química (fibra larga) y de pasta mecánica (fibra corta).
- A pesar de todas esas licencias el costo del papel en la Argentina fue el más caro del mundo (ver nota publicada por la revista Gente el 14 de diciembre de 1978).
El proceso de creación de Papel Prensa había comenzado en agosto de 1969, mediante un decreto firmado por otro dictador, Juan Carlos Onganía. El 18 de octubre de 1972 hubo un llamado a concurso internacional que fue declarado desierto. Los únicos oferentes, César Augusto Civita, César Doretti, Luis Alberto Rey y Editorial Abril S.A. igualmente recibieron la autorización para explotar la empresa, pero al poco tiempo todo el paquete quedó en manos del ingeniero Rey.
En el informe de la Fiscalía se dice que Rey habría actuado como testaferro de David Graiver. Después se dijo que la Organización Montoneros entregó a Graiver 15 millones de dólares producto de secuestros extorsivos, motivo por el cual la dictadura resolvió intervenir. La Fiscalía acusó al general Lanusse, a la primera Junta Militar, al ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz y a otros funcionarios de la dictadura como responsable de las irregularidades.
La Razón, el pariente pobre de Papel Prensa, tuvo que regalar sus acciones por presión de Clarín, lo que significó la quiebra y el despido de trabajadores. En una posterior causa judicial promovida por José Pirillo, liquidador de La Razón y de sus trabajadores, Clarín y La Nación fueron acusados duramente, pero tampoco se investigó. El gobierno de Raúl Alfonsín le puso trabas a la Fiscalía y eso se justifica con solo recordar que Julio César Saguier, primer intendente del alfonsinismo en la Capital Federal, había sido miembro del directorio de Papel Prensa. En la Argentina, las historias siempre son circulares y cierran en torno de los mismos de siempre, civiles o militares.
Fuente: Revista Sueños Compartidos
