domingo, 20 de mayo de 2007

Santa Fe hace tratos con Kemira, industria química que alimentará a Botnia

Un informe especial de El Argentino da cuenta que mientras Entre Ríos hace esfuerzos para consolidar la lucha ambiental, en Santa Fe la empresa finlandesa Kemira hace una inversión de casi 13 millones de dólares para la firma Celulosa Argentina, que es de capitales uruguayos a través de Fanapel.

La Región Centro está integrada por las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe y nació en la actual gestión de Jorge Busti, Jorge Obeid y Manuel de la Sota. El objetivo principal de este eje territorial es el de generar políticas de Estado mancomunadas, eliminando las asimetrías existentes en las áreas sensibles de gobierno.

Sin embargo, en la lucha contra Botnia, Santa Fe contradice sus mejores intenciones y traiciona a Entre Ríos al promover, animar y generar negocios con la empresa Kemira, la firma que proveerá de insumos químicos a Botnia Fray Bentos y cuyas acciones la integra el propio Estado de Finlandia.

Un trabajo de investigación de El Argentino confirmó la presencia activa de Kemira en Santa Fe, con una inversión que ronda inicialmente los 13 millones de dólares y que está destinada a la planta de celulosa de la vecina provincia, más precisamente en Capitán Bermúdez.

Lauri Junnila, vicepresidente Ejecutivo para América Latina y de Asia y Jarmo Savolainen, vicepresidente de la firma, confirmaron que “Kemira amplía su negocio relacionado con la pulpa de papel” y en Argentina construye una unidad para generar dióxido de cloro “para el molino de la pulpa de celulosa de Capitán Bermúdez”.

Las compañías también han firmado un acuerdo a largo plazo para la entrega de todos los productos químicos usados en blanqueo de la pulpa. Fuentes de Kemira estimaron que a principios de 2008 la planta debería estar en funcionamiento. Para más información alcanza con remitirse al sitio de Internet de la propia firma: www.kemira.com y revisar sus antecedentes de 2006.

“La inversión en la Argentina asciende a menos de diez millones de euros (trece millones de dólares). La estrategia de Kemira es consolidar su posición en la industria de productos químicos de la pulpa en Sudamérica, que es el mercado que crece más rápido en el mundo para los productores de la pulpa”, sostuvieron desde la empresa.

La empresa que funciona en Capitán Bermúdez se llama Celulosa Argentina -cuyos capitales son uruguayos a través de la firma Fanapel- y es uno de los principales fabricantes de la pulpa química del país y la compañía está levantando su capacidad productiva para llevarla a las 200 mil toneladas anuales, de acuerdo a las proyecciones industriales a las que accedió El Argentino.

El rédito de Kemira en productos químicos para la pulpa y el papel asciende a aproximadamente 1,1 mil millones de Euros. Se trata de una compañía que emplea a 2.500 personas en ese sector, y tiene presencia en 34 países.

La declaración de Gualeguaychú

El presidente Néstor Kirchner convocó el 5 de mayo del año pasado a todos los gobernadores a reunirse en Gualeguaychú, con el objetivo de rubricar una declaración que tuvo como objeto formalizar su adhesión a la lucha ambiental de la Asamblea Ciudadana, especialmente en lo referido a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya y a lograr coherencia en el plano de gestión de gobierno.

Santa Fe, integrante junto con Córdoba y Entre Ríos de la Región Centro, fue una de las primeras en adherir a ese documento que caracterizó como “causa nacional” el reclamo ambiental contra Botnia. Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha de inversión de la empresa Kemira en Capitán Bermúdez –octubre/noviembre de 2006- queda demostrado que simultáneamente con la firma en la convocatoria realizada nada menos que por Kirchner en mayo, Obeid por detrás estaba afianzando negocios con la empresa finlandesa, severamente cuestionada por su integración en el proyecto Orión-Botnia de Fray Bentos.

Textualmente, el documento rubricado en el Corsódromo expresa –entre otros puntos- lo siguiente: … 4) Que con fundamento en tales principios y ante una clara trasgresión al Tratado del Río Uruguay suscripto por nuestro país y la República Oriental del Uruguay en 1975, consistente en la instalación autorizada de dos plantas industriales productoras de planta de celulosa, el Gobierno nacional siguiendo la recomendación de ambas cámaras del Congreso Nacional ha promovido acciones jurisdiccionales ante la Corte Internacional de Justicia en pos de garantizar la protección integral de nuestro medio ambiente y de nuestro desarrollo sostenible.

5) Que en función de lo dicho, el desarrollo sostenible, el paradigma del presente y de la visión estratégica del futuro, y considerando que el ambiente es patrimonio común de la sociedad, y que de él depende la calidad de vida y las posibilidades presentes y futuras para el desarrollo del país.

6) Que la devastación de la naturaleza y la contaminación ambiental suelen ser el resultado, en la mayor parte de los casos, de la exacerbación de modelos económicos que, en procura de la obtención de mayores utilidades, desatienden y vulneran los recursos ambientales de los que se vale el ciudadano para poder crecer en un contexto sano y saludable.

7) Que el Estado tiene el deber de proveer a la protección del derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, y para ello se torna imprescindible la coordinación entre los distintos niveles gubernamentales.

8) Que la comunidad internacional incorporó el paradigma del desarrollo sostenible, comprometiéndose a promover el crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente y, en consecuencia, el tema ambiental es uno de los elementos centrales en la consideración de las cuestiones que determinan de manera directa nuestro bienestar general.

9) Que nuestro país detenta un importante patrimonio natural que constituye una ventaja competitiva que no debe ser puesta en riesgo por modelos económicos que provocan daño ambiental e inequidad social.

10) Que es nuestra responsabilidad con las generaciones presentes y futuras evitar acciones que representen la continuidad de modelos que erróneamente contraponen el crecimiento económico a la protección ambiental.

11) Que Argentina, junto a toda la región latinoamericana, se constituye en acreedora ante los países desarrollados por los servicios ambientales que presta.

12) Que siendo decisión del Gobierno nacional profundizar la protección de tales derechos, es necesario encarar una acción decisiva que trascienda la misma administración para convertirlo en una política de Estado que asegure la protección del hombre, de las comunidades de las que son parte y de las futuras generaciones a la que les asiste el derecho de nacer en un ámbito íntegro.

13) Que la voluntad política es esencial para que estos procesos se consoliden y sostengan en el tiempo.

Es más, en virtud de los puntos acordados, los gobernadores declararon “acompañar el reclamo argentino ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el que se denuncia la violación al Estatuto del Río Uruguay y como consecuencia de la autorización dada por el Superior Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la radicación de dos empresas industriales productoras de pasta de celulosa en la localidad de Fray Bentos, Estado de Río Negro.

“Alcanzar el desarrollo sostenible constituye, en la República Argentina una política de Estado.

“Las provincias y la Nación trabajarán mancomunadamente para asegurar la plena operatividad de este propósito a través de políticas integrales que incorporen adecuadamente las dimensiones sociales, ambientales y económicas.

“Fortalecer la institucionalidad ambiental federal.

“Optimizar el uso de instrumentos tales como; el ordenamiento del territorio, la evaluación de impacto ambiental, los sistemas de control y monitoreo, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental, la participación ciudadana y el régimen económico de promoción del desarrollo sostenible”.

La complicidad del COFEMA

La contradicción no sólo es evidente en el gobierno de Jorge Obeid, sino que altos funcionarios ambientales de Santa Fe también han incurrido en abierta negación a lo acordado oportunamente.

Este es el caso de la actual conducción del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), cuya presidencia la ejerce el máximo responsable en materia ambiental de Santa Fe, Marcelo Terenzio, que a su vez para llegar a esa posición contó con un apoyo incondicional de las provincias pro papeleras de Corrientes y Misiones. Curiosamente, al COFEMA se le ha pasado de manera inadvertida la presencia de Kemira en Capitán Bermúdez lo que constituye -cuando menos y en el mejor de los casos- una complicidad por omisión. Y torna casi en ridícula la justificación que busca el gobierno de Kirchner para involucrar al gobierno finés en la búsqueda de una solución al conflicto por Botnia.

La situación de Terenzio e incluso de la propia secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, no es ajena a la presencia de Kemira en Capitán Bermúdez ni a su negocio como proveedor de Celulosa Argentina. De hecho, Celulosa Argentina pertenece -pese al nombre- a la empresa de celulosa uruguaya Fanapel.

Fanapel fue fundada en 1898, y hoy es considerada la empresa papelera más importante de Uruguay y una de las mayores del sector industrial del Mercosur. En el año 2000 –de acuerdo a la documentación oficial a la que accedió El Argentino-, Fanapel adquiere la mayoría del paquete accionario de Celulosa Argentina SA, constituyéndose en una empresa con una fuerte presencia en Santa Fe. ¿Por qué actualmente Picolotti habla de una reconversión verde en Capitán Bermúdez y por otro lado cuestiona la presencia del gobierno de Finlandia en el proyecto Botnia? No hay una única respuesta, aunque la contradicción en la política y en las acciones es tan evidente que debería obligar al gobierno de Jorge Busti a intervenir para que esta contradicción no termine boicoteando los mejores esfuerzos en la lucha ambiental.

Borrar con el codo

En la página oficial de Internet de la Secretaría que conduce Romina Picolotti, se sostiene como principio que “el federalismo ambiental debe ser entendido como un sistema en el que se articulan conjuntamente las provincias y el Gobierno Nacional”. Teniendo en cuenta la actuación de Kemira en la provincia donde es oriundo el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, esa expresión queda como “cháchara”.

Desde la Secretaría de Ambiente de la Nación se reconoce textualmente que luego de iniciado el proceso de cambio en la iniciativa social “y a días de haberse consumado el encuentro de Gualeguaychú (la convocatoria de Kirchner), cabe preguntarse qué cosas se han modificado tan claramente como para posibilitar esta demostración de consenso”. La respuesta luego del informe de Kemira en Santa Fe, es elocuente. Nada se ha modificado.

Está claro que no se hace honor al mandato emanado de la Declaración de Gualeguaychú del 5 de mayo de 2006, porque en estas condiciones no es posible hablar de una política de Estado para alcanzar el desarrollo sustentable. Es evidente que las provincias y la Nación trabajan sin coordinación y sin controles reales y efectivos. La agenda ambiental sólo está incorporada como declamación para la tribuna, pero no constituye políticas sectoriales ni integrales en la materia. Así vamos.

Nahuel Maciel
nahuelmaciel@diarioelargentino.com.ar

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