martes, 27 de septiembre de 2016

Celebran el primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública

La Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, el Ministerio Público de Paraguay, el Ministerio de Justicia de Paraguay, USAID, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO),y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se unirán a las celebraciones del primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre.

Este primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública fue adoptado a partir del Día Internacional del Saber debido a que todos los 28 de setiembre la sociedad civil a nivel global conmemora este derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es también una nueva oportunidad para instar a los gobiernos a aprobar leyes, instituciones y prácticas para el avance del acceso a la información como derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión, la transparencia, la participación tanto política como de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos.

La libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en diversos instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969). La legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad. En todo caso las excepciones deben estar establecidas por ley y el Estado tiene la carga de probar que la divulgación de la información puede producir un daño sustancial al interés protegido, un daño que producirá a la sociedad un daño mayor del que se produce al impedir que acceda a información de interés público.

La celebración de este año reviste de particular importancia, entre otros motivos, porque se cumple un año de aprobada la Agenda para el Desarrollo Sostenible en la que el acceso a la información y la libertad de prensa hacen parte de las metas concretas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Se trata asimismo de una instancia destinada a coordinar esfuerzos entre actores clave de la región, reflexionar y transmitir un mensaje claro sobre la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de este derecho desde distintos lugares y consolidar la sensibilización pública sobre su relevancia y la importancia que tienen los medios de comunicación para su realización.

¿Cuál es la situación de la legislación de este derecho en América Latina?
Hasta hace algunos años, cuando la cultura del secretismo imperaba en varios países de la región, el principal problema era la ausencia de legislación y mecanismos para garantizar el acceso a la información como un derecho y hacer efectivas las herramientas para los ciudadanos que requieren información pública en poder del Estado. En 1990, solo 13 países en todo el mundo habían adoptado leyes nacionales sobre libertad de información, mientras que en la actualidad hay más de 100 leyes aprobadas en la materia en países de todo el mundo y hay otras 20 o 30 en estudio. En el hemisferio americano, ya son 23 los países de la región que han adoptado leyes e instituciones para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. La mayor parte de estos avances se produjeron en la última década, gracias a la influencia positiva del sistema interamericano de derechos humanos, Unesco y el extraordinario activismo de la sociedad civil de la región.

La sentencia Claude Reyes Vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciamiento del que también se están cumpliendo 10 años en 2016, marcó un hito jurisprudencial al constituirse en el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión venían impulsando avances en la materia a través de sus diferentes mecanismos de trabajo y fueron quienes impulsaron junto a las víctimas el caso ante la Corte. Al respecto, la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión, aprobada en el año 2000 fue pionera en reconocer a todas las personas el derecho de acceso a la información pública en poder del Estado.

Países como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay aprobaron, en años recientes, leyes de acceso a la información pública y están en etapas implementación. Argentina acaba de sumarse hace pocos días a los otros 22 países de América Latina y el Caribe que ya cuentan con leyes de acceso. Buena parte de estos países cuenta con instituciones u órganos garantes para implementar y efectivar el acceso a la información pública, que han formado una Red de Transparencia por el Acceso a la Información (RTA). No obstante estos avances y la aprobación de los marcos legales relacionados con el tema del acceso a la información pública, muchos países siguen enfrentando serios desafíos, sobre todo en la fase de ejecución y de consolidación de órganos e instituciones para supervisar e implementar este derecho.

En este sentido el sector judicial de la región también ha dado importantes pasos con un compromiso consensuado, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, de avanzar en la agenda de la libertad de expresión, del acceso a la información pública, la transparencia y la seguridad de los y las periodistas. Las Cortes nacionales cumplen un papel fundamental en la garantía y protección del derecho fundamental de acceso a la información a través de decisiones judiciales que desarrollan y elevan los estándares de acceso a la información.

¿Qué ocurrirá durante este día?
Como se ha visto, la promoción de la información de interés público y la transparencia es una tarea que se desarrolla durante todo el año, sin embargo el hecho de contar con un día caracterizado por la colaboración resulta importante para la labor de promoción.

El propio el 28 de setiembre, en Asunción se llevará a cabo la I Jornada de Celebración Regional del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información. Consistirá en una actividad abierta y participativa, con paneles interactivos para debatir y reflexionar sobre los principales desafíos para la agenda del acceso a la información pública en América Latina. Se espera la participación de más de un centenar actores provenientes de Poderes del Estado, sociedad civil organizada, organismos multilaterales, ciudadanía en general.
  CI AgendafinalIDAUI by seniales on Scribd
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Licitación de Radio América: Pronunciamiento del SiPreBA

Ante el vencimiento de los plazos de la licitación de la frecuencia de Radio América, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires expresa:
Su rechazo al espíritu del proceso licitatorio toda vez que se presenta con la irregularidad de incluir un listado de “ex empleados”, como si desde el Estado se favoreciese el ajuste pretendido por una patronal.

La defensa irrestricta de todos y cada uno de los puestos de trabajo, independientemente de la función que realicen lxs trabajadorxs y del sindicato u organización gremial que los represente, entendiendo que la única grieta que existe es con las patronales y no entre las y los compañeros.

La exigencia a las autoridades pertinentes del otorgamiento de subsidios al personal que desde hace nueve meses no percibe su salario y sostiene el medio con programación al aire. Se advierte además que esta mecánica pone de manifiesto la perversa intención proempresaria de quebrar la moral del conjunto de las y los trabajadores.
SiPreBA

Trabajadores de Radio América
Tras el abandono de la empresa por sus propios dueños, los mismos trabajadores mantenemos la radio al aire.
Con tu ayuda, muchos compañeros que aún no han podido reinsertarse al trabajo, podrán sostener a sus familias afrontando los gastos más urgentes, medicamentos, etc.

También con tu colaboración podemos mantener la emisora funcionando y pagar los servicios de luz, teléfono, internet y agua. El Ente Nacional de Comunicaciones nos dejó en manos del empresario que nos abandonó, por eso los mismos trabajadores debemos afrontar esos gastos.

Tampoco recibimos ningún subsidio luego de 9 meses de haber dejado de percibir nuestros salarios.

Colaborá con los trabajadores de Radio América ingresando acá

Alerta en la prensa mendocina por un cepo judicial para ocultar delitos

No quieren que los fiscales puedan hablar con los periodistas y que el Procurador concentre toda la información. El Ministerio Público Fiscal está en debate legislativo. Uno de los cambios apunta a regular la información que brindan los fiscales. El Sindicato de Prensa de Mendoza, la FATPren y FoPeA están en alerta
Los impulsores de la medida: el procurador general, Alejandro Gullé junto al gobernador Alfredo Cornejo
En Mendoza los medios de comunicación están en alerta por un proyecto de ley que prohíbe a los fiscales informar sobre las causas, con sanciones que les pueden llegar a costar el cargo. Y la intención de la ley es que el Procurador General concentre toda la información a través de una oficina, lo que atentaría contra la libertad de expresión, limitaría la publicidad de los actos de gobierno y se perdería la calidad de la información al haber un filtro político de por medio.

Los medios mendocinos ya se hicieron eco de ese proyecto de ley y sembraron su preocupación.


El Sindicato de Prensa de Mendoza manifiesta su rechazo a la reforma del art. 7 de la Ley 8008 del Ministerio Público impulsada por el gobierno de la provincia
La reforma propuesta va más allá del objetivo central que, se sostiene, se pretende impulsar, el perfeccionamiento del sistema de investigación penal.

La modificación del art. 7 establece que "la información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General". Este agregado importa una negación de la obligación de dar información que la ley otorga a los "integrantes del Ministerio Público". Afecta, además, la transparencia que deben exhibir ante la sociedad en relación a las causas que investigan. Interpone un escollo al desenvolvimiento de los periodistas en busca de información directa y veraz de boca de los protagonistas de la investigación. Filtrar la información a través de "una dependencia habilitada al efecto por la Procuración General " es aceptar un grado importante de censura en el derecho a expresar libremente la información por los medios de comunicación.

Rechazamos limitar la información a la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún, en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata.

En términos reales la reforma propuesta configura una Ley mordaza por el control que se apunta a establecer sobre lo que se da a conocer.

La embestida es contra el libre ejercicio del periodismo y, fundamentalmente, contra el derecho de la sociedad a estar informada de todo lo que le concierne saber, conculcando, de tal manera, garantías constitucionales y Pactos Internacionales.

El Derecho a la Información abarca tanto la facultad de dar como de recibir información.

Lamentamos que el gobierno en lugar de tomar la decisión política de sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública, como ya lo han hecho varias provincias, y reclamó en más de una ocasión el Sindicato de Prensa, avance exactamente en sentido contrario a un objetivo de mayor transparencia en el manejo de la información pública afectando la calidad institucional de la provincia.

Atento a que se pretende una rápida sanción en la Legislatura de Mendoza de la reforma propuesta el Sindicato de Prensa solicita a los legisladores desestimen la modificación que se pretende introducir al artículo 7 de la Ley 8008.

Rechazo a intento de Ley Mordaza
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) adhiere a lo expresado por su filial, el Sindicato de Prensa de Mendoza, al manifestar su rechazo a la reforma del artículo 7 de la Ley Nº 8.008 del Ministerio Público, impulsada por el gobierno de la provincia, y condena la actitud censuradora y anticonstitucional del Ejecutivo Provincial

La reforma propuesta va más allá del objetivo central que, se sostiene, se pretende impulsar, el perfeccionamiento del sistema de investigación penal.

La modificación del artículo 7 establece que “la información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General”. Este agregado importa una negación de la obligación de dar información que la ley otorga a los “integrantes del Ministerio Público”. Afecta, además, la transparencia que deben exhibir ante la sociedad en relación a las causas que investigan. Interpone un escollo al desenvolvimiento de los periodistas en busca de información directa y veraz de boca de los protagonistas de la investigación. Filtrar la información a través de “una dependencia habilitada al efecto por la Procuración General ” es aceptar un grado importante de censura en el derecho a expresar libremente la información por los medios de comunicación. Rechazamos limitar la información a la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún, en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata.

En términos reales la reforma propuesta configura una Ley mordaza por el control que se apunta a establecer sobre lo que se da a conocer.

La embestida es contra el libre ejercicio del periodismo y, fundamentalmente, contra el derecho de la sociedad a estar informada de todo lo que le concierne saber, conculcando, de tal manera, garantías constitucionales y Pactos Internacionales.

El Derecho a la Información abarca tanto la facultad de dar como de recibir información.

Lamentamos que el gobierno en lugar de tomar la decisión política de sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública, como ya lo han hecho varias provincias, y reclamó en más de una ocasión el Sindicato de Prensa, avance exactamente en sentido contrario a un objetivo de mayor transparencia en el manejo de la información pública afectando la calidad institucional de la provincia.

Atento a que se pretende una rápida sanción en la Legislatura de Mendoza de la reforma propuesta, el Sindicato de Prensa y la FATPren solicitan a los legisladores desestimen la modificación que se pretende introducir al artículo 7 de la Ley Nº 8.008.

"Preocupación de FoPeA por proyecto de ley que implica "cepo judicial" en Mendoza”
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) expresa su preocupación por la posibilidad de que la Legislatura de la Provincia de Mendoza trate y apruebe una reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal que implicaría una grave restricción al trabajo de los periodistas y un virtual condicionamiento de la garantía constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.

En contra del actual marco normativo y de los usos y costumbres habituales en la relación entre Justicia y prensa, la reforma al artículo 7 de la ley 8008 del Ministerio Público prohíbe a los fiscales hablar con medios de prensa e indica que la información"será proporcionada por oficinas habilitadas al efecto por la Procuración General". Las sanciones previstas para los fiscales que incumplan tal restricción llegan incluso a hacerlos pasibles de incurrir en mal desempeño de sus funciones. Este "cepo judicial" supone que toda información relacionada con la seguridad y con causas judiciales pasará por el "filtro" de un control político, lo que seguramente ocasionará demoras y distorsiones indebidas al ejercicio del derecho de informar, con perjuicio directo para la ciudadanía en lo que respecta a su derecho de recibir información con celeridad y precisión.

FoPeA advierte a los legisladores de la Provincia de Mendoza y a las autoridades del Ministerio Público Fiscal respecto de las graves implicancias que la sanción de tal reforma ocasionaría para el normal flujo de informaciones.

Esta pretendida reforma va en contra de la tendencia actual y del propio criterio de la Corte Suprema respecto de hacer más transparente y fluida la comunicación judicial.

Periodistas y fiscales son profesionales, cada uno en su ámbito de competencia, conscientes de la sensibilidad de los asuntos que conciernen a la seguridad y los casos que son motivo de investigación penal. Existe ya un marco jurídico que regula estos asuntos y pretender acotar aún más la cuestión implica transgredir el espíritu y la letra de la Constitución y las normas supranacionales referidas a transparencia y derecho a la información.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

lunes, 26 de septiembre de 2016

Disney quiere comprar Twitter: plata no le falta

Si decide hacer una oferta, Disney podría ayudar a Twitter a desarrollar su estrategia de medios transmisión de video
The Walt Disney Co. está trabajando con un asesor financiero para evaluar la posibilidad de hacer una oferta por Twitter Inc., de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.

Después de recibir interés en discutir un acuerdo, Twitter ha iniciado un proceso para evaluar una posible venta.

Salesforce.com Inc. también está considerando una oferta, y está trabajando con Bank of America en el proceso, de acuerdo con otras personas, que no quisieron ser nombradas porque el asunto es privado.

Representantes de Twitter y Disney no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

La especulación de que Twitter será vendida ha estado cobrando fuerza en los últimos meses, incluyendo la noticia de la semana pasada sobre el interés de Salesforce.

Las acciones de la empresa han ido en una trayectoria descendente, y ha tenido dificultades para atraer nuevos usuarios e ingresos por publicidad.

Si decide hacer una oferta, Disney podría ayudar a Twitter a desarrollar su estrategia de medios transmisión de video.

Jack Dorsey, máximo responsable de Twitter, también forma parte del consejo de administración de Disney. "Es un tema de distribución de video," dijo James Cakmak, analista de Monness Crespi Hardt & Co.

"Lo que tiene que pensar Disney es cuál es su lugar en un mundo que ya no esté conectado por cables. Están invirtiendo en tecnología para distribución, y esto les daría una plataforma para llegar a audiencias alrededor del mundo".

El presidente y CEO de Disney, Bob Iger, ha desarrollado la reputación de ser un pensador estratégico con propensión a las apuestas audaces, como la de $7 mil 400 millones que hizo por el estudio de animación Pixar meses después de convertirse en CEO de la empresa.

Como el principal negocio de Disney - TV por cable – ha perdido espectadores y enfrenta una mayor competencia de servicios de video online, Iger ha invertido en el negocio de medios relacionados con la tecnología, como Hulu, el servicio de streaming de video, así como la compañía de medios digitales Vice y BAMTech, que proporciona la plataforma para servicios de video online como HBO Now.

Iger ha buscado aumentar la experiencia de Disney en nuevos medios sumando a Dorsey y a la directora de operaciones de Facebook Inc. Sheryl Sandberg al consejo de administración de la empresa en los últimos años.Fuente: Bloomberg

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